Profesor Raúl Rodríguez, del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía

Comunicación comunitaria como instrumento de cohesión social

En Chile los medios de comunicación comunitarios apenas sobreviven debido a la precariedad que les impone un marco regulatorio y legal que sólo favorece a los medios con fines de lucro, desconociéndose así el gran valor que reside en estos proyectos que tanto ayudan a diversifican los contenidos y crear identidad territorial.

Un medio de comunicación comunitario aglutina. Es un centro gravitacional que congrega a personas que residen en un sector determinado; puede ser un barrio, una población completa, alguna localidad rural, una comuna. Las personas no sólo se limitan a recibir información, sino que son sujetos activos en la generación de contenidos y pautas informativas libres de censura, no torcidas por los sesgos de las estructuras de poder ni cautiva de intereses particulares: escuchan, escriben, se contactan vía telefónica, envían videos o imágenes captadas por sus teléfonos.

Ese sentido de comunidad lleva a que esas personas se organicen en torno a problemáticas y fijarse desafíos comunes; construir canchas o plazas, gestionar la construcción de una sede social, o exigir al alcalde la coordinación de un plan preventivo, uno participativo y más eficiente a la hora de contrarrestar aquello que nunca, en ningún lugar del mundo, ha logrado prevenir la labor policial por sí sola, como tampoco el endurecimiento de penas o los siempre estentóreos discursos de las autoridades políticas de turno, siempre a medio camino entre la promesa y la advertencia.

La comunicación comunitaria, al menos en el caso chileno, bien podría regenerar el tejido social destruido en dictadura. Por eso es tan importante como herramienta de cohesión social. "Uno de los ejes de la comunicación comunitaria es que puede hacer frente al desigual sistema de medios que hay en chile. En ese marco es que, como Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del ICEI, tenemos que buscar una política pública que releve la comunicación comunitaria como un sector importante, y por lo tanto debemos diseñar marcos regulatorios democráticos, inclusivos y participativos capaces de rescatar el valor del actor social, que ha sido muy postergado desde el retorno a la democracia", dice Raúl Rodríguez, encargado del área de Comunicación Comunitaria del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía.
Otro tema crucial es la sostenibilidad de los medios.

"Es una materia a investigar a la luz del retorno a la democracia, la aparición y desarrollo de nuevas tecnologías con el cambio de siglo, las posibilidades que ofrece pasar de los analógico a lo digital; todo obliga a repensar el lugar de la comunicación comunitaria en el sistema de medios ya que su naturaleza misma busca establecer anclajes territoriales, desarrolla la comunicación local, popular, alternativa y contrainformativa", sostiene. Sólo en Santiago encontramos casos interesantes que, a pesar de todas las cortapisas legales, han logrado abrirse paso. Tales son los casos de Radio Villa Francia y el canal 3 de La Victoria

En condiciones de subsistencia

La situación de los medios comunitarios es, por decir lo menos, compleja. No ya sólo por la ausencia de políticas públicas que promuevan la creación de medios comunitarios sino más bien por la instalación de una cultura ideológica que asocia lo comunitario y colectivista con subversión.

No obstante se observan, a decir del profesor Rodríguez, algunos brotes verdes: "Hay cosas positivas, elementos dinamizadores en el mundo comunitario, cierta rearticulación que tiene que ver con un sentido de movimiento de radios, lo que no significa necesariamente una filiación a una red nacional o una red política de medios comunitarios. Particularmente en radiofonía y televisoras comunitarias se están dando fenómenos interesantes, pues se han presentado nuevos desafíos en términos de lenguaje, formatos, condiciones de sostenibilidad, conceptualización de lo comunitario como una marca sin fines de lucro, de la colectivización de los proyectos sociales. Uno de los elementos que puede ayudar al movimiento es enfrentar en conjunto esa persecución de los medios radiofónicos. La Ley General de Telecomunicaciones de 1991, en su artículo 36 B letra A, establece que el Estado debe perseguir a las radios sin licencia. Hablamos de radio que operan en condiciones de subsistencia, lo que ya es complejo en el día a día".

Respecto a las radios comunitarias, Raúl Rodríguez subraya: "Se ha dado una avance en la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara que eliminó el artículo donde se persigue a través de multas, decomiso de equipos y penas de cárcel para los que operan sin licencia. Pero falta un camino largo: ahora esa modificación debe ir a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, luego a la Cámara para ser votada, más tarde deberá subir al Senado. Pasarán años antes que este artículo sea eliminado y que pueda permitir un salto importante al sector. Estamos encargados de velar por ese proceso para buscar mejores condiciones para desarrollar las radios que vienen de la sociedad civil".

Pero los problemas que enfrentan las radios comunitarias son aún más profundos. La explicación de tan magro panorama tiene su raíz en las políticas liberalizadoras y desreguladoras del espectro radiofónico que, a partir de 1989, y al igual como en otros sectores, sólo ha propiciado el acaparamiento del mismo, la concentración en la propiedad de los medios y esa consiguiente homogenización de contenidos. Son muchas las tareas a realizar, afirma el profesor Rodríguez: "Debemos hacernos cargo de un sistema de medios plural y diversos con condiciones generadas por el Estado para su desarrollo".

Lo insólito del cuadro es que la situación de las televisoras comunitarias es menos desventajosa porque son ‘alegales', según el profesor Rodríguez. "No son ilegales porque no hay marco legal y regulatorio para estas televisoras populares. En cambio para la radiodifusión sí existe ese marco. Como son sin fines de lucro, el Estado tampoco otorga garantías para su sustentabilidad. Tienen prohibido emitir publicidad, propaganda política, tampoco pueden hacer cadena. La nueva ley de radios comunitarias de 2010, que empieza a operar a fines de 2013, permite, y como mucho, hacer menciones comerciales, que no es lo mismo que pasar publicidad. Hablamos de un ingreso mínimo que no permite reinvertir en esos proyectos", señala.

Claro que existen otras fuentes de recursos, se apresura en puntualizar Raúl Rodríguez. "Está el Fondo de Medios Comunales, Regionales o Provinciales. Es un monto tan insuficiente que llega a ser irrisorio para la cantidad de experiencias legalizadas por el Estado que son cerca de cuatrocientas a nivel país. Cuatrocientas radios que deben competir con prensa de internet. Por eso creemos que el Estado debe hacerse cargo de la promoción de la sociedad civil y de la participación ciudadana, y eso se hace con apoyo directo a ONG's y a de medios del sector social que operan sin fines de lucro pero que ayudan a enriquecer la democracia", concluye.