Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La mejor herramienta ciudadana contra el secretismo

En muchos países desarrollados, el acceso a la información es un derecho completamente internalizado por ciudadanos comunes y autoridades, y ello se traduce en una activa fiscalización de los segundos por parte de los primeros, los verdaderos soberanos en un orden republicano y democrático. En Chile la situación es algo diferente si consideramos algunos episodios que dan cuenta de cierta reticencia de organismos y altos funcionarios públicos a otorgar la información requerida de manera oportuna y clara, y el fuerte desconocimiento que se observa en la ciudadanía respecto de los alcances de esta ley que entró en vigencia en 2009.

Meses después del terremoto que el 27 de febrero de 2010 afectó a las zonas centro y sur de Chile, surgió la prueba de fuego de la recién estrenada Ley de Transparencia: la solicitud de información relativa a la compra de un puente mecano por parte del Ejército. El por entonces ministro de Defensa Jaime Ravinet se negó a entregar esa información, pero el Consejo para la Transparencia, entidad que vela por el correcto cumplimiento de esta normativa, resolvió en favor de los solicitantes. Se zanjaba así la polémica: la información era pública porque los dineros eran públicos. Público también es el Ejército, y de idéntico carácter es el organismo que enlaza a la jefatura de esta institución con el Gobierno.

Sobre la última encuesta Casen pesa una infinidad de dudas. Muchas de esas dudas son atendibles dada la decisión del Gobierno de realizar una entrega parcial y paulatina, a cuentagotas, de los datos que arrojó el trabajo de levantamiento, el posterior proceso de ponderación de cifras, así como los criterios metodológicos utilizados para establecer las números ya por todos conocidas.

Las consecuencias están a la vista: la deficiente transparencia comunicacional terminan por opacar eventuales logros del gobierno en la materia. Cuando la información de los administradores del Estado carece de claridad y oportunidad -igual los legisladores y los encargados de administrar la justicia-, y abundan las explicaciones abstrusas que confunden más que clarifican, es de toda lógica que emerjan sospechas que terminen por erosionar aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En suma, un Estado no sólo debe garantizar la libertad de expresión de sus ciudadanos, sino que, de igual modo, ha de consagrar el principio irrenunciable al derecho a la información que le asiste a cada uno de ellos. Rendir cuentas también es parte de este principio, según el profesor Laureano Checa.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el mejor antídoto contra el secretismo y la opacidad, fenómenos de larga data que, en el peor de los casos, dan pábulo a la corrupción y las componendas que tienden al beneficio de algunos en detrimento del interés general.

"Hoy no hay excusas para que no esté disponibles la información que requieren los ciudadanos y que genere el Estado. Tenemos todas las plataformas tecnológicas para que sean publicados en los respectivos sitios web. Por ese lado toda la información, todos los actos administrativos y decisiones, podrían estar disponibles. El gran problema es el archivo, la capacidad de organizar esa información. Los organismos públicos no entregan algunas informaciones bajo esa excusa que está contemplada en las cláusulas de reserva. Pero esto no es justificación para materias que son recientes, sino para décadas anteriores. Es cierto que hay mucho material que se ha destruido y ahí no se puede hacer mucho, pero al día de hoy toda la información que se genera podría estar disponible", dice el profesor Checa.

Problemas con la Ley de Transparencia

La ley de Transparencia 20.285 (promulgada el 22 de agosto de 2008 y que entró en vigencia el 20 de abril de 2009) ha suscitado polémicas. La más estridente de todas se produjo a raíz de la negativa del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, a dar a conocer los contenidos de los correos electrónicos intercambiados entre el 18 y el 21 de julio de 2010 a través de su cuenta institucional.

"Estas situaciones nos hacer reflexionar sobre los procedimientos y sobre los detalles que no habían estado en consideración en la ley: la ley dice que es público todo material independiente del soporte o el continente, por ende los correos electrónicos de cuentas institucionales también son públicos. Hay ciertas precisiones que hay que hacer en caso que se decante la situación en un sentido contrario. Las leyes son perfectibles, y a cada tanto hay que enmendarlas y complementarlas conforme surjan transformaciones culturales y sociales. ¿Qué pasará con los tuits que se lanzan desde las cuentas institucionales? Ahí existe otro tema que antes no teníamos porque años atrás no existía Twitter, o Facebook. No hay leyes grabas en piedra", agrega.

Parece simple exigir información y rendición de cuentas cuando se es opositor al gobierno de turno. Ese espíritu de apertura y transparencia suele difuminarse una vez que se asume la conducción del Estado. En el fondo, según el profesor Laureano Checa, en nuestro país tenemos un problema cultural que también se extiende al sector privado: "Así como le exigimos al Estado, en Chile nunca le exigimos a las empresas privadas que ofrecen sus servicios a organismos públicos. Y ahí pienso en grandes corporaciones de servicios básicos, o las mismas AFP's, que con dineros de los trabajadores compran participaciones en directorios de empresas privadas y nadie tiene información de nada. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación, que exigen transparencia al resto pero que suelen ser muy poco transparentes".

Pero el Chile de hoy es otro. Qué duda cabe. "Evidentemente las nuevas tecno nos abren diferentes canales de comunicación a través de los cuales podemos hacer ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, pero por el otro hay que tener en consideración que las temáticas en debate hoy son muy distintas", sostiene el académico del ICEI, quien destaca la decisión de profundizar y ampliar el Programa de Libertad de Expresión.

"Años atrás la pelea era otra: era un Chile sin Ley de Prensa, estaban recién asentadas las bases de Ley de Probidad. El acceso a la información era muy incipiente, pero hoy es una realidad: hoy tenemos una Ley de Participación Ciudadana, Ley de Derecho a la Información, Ley de Expresión... Es otro Chile".

No obstante, Chile aún tiene un largo camino que recorrer, especialmente respecto a normar el "lobby", ley que actualmente se discute en el Parlamento.

En el horizonte hay desafíos en lo que toca al acceso a la información. "Hemos publicado un par de artículos. Estamos desarrollando ahora un proyecto con UNESCO que va ser sacar la discusión de Santiago para llevarla a Temuco. Vamos a llevar expertos, analizaremos las experiencias comparadas en materia de acceso a la información, puntualmente respecto al monitoreo porque en Chile no hay un estudio o una recolección sistemática de información para hacer un seguimiento. Contaremos con la presencia de expertos argentinos, ecuatorianos y uruguayos que hacen estas investigaciones de monitoreo y ver cómo lo han hecho. En último término queremos hacer eso mismo en Chile y trabajar en alianza en red para realizar estudios comparados", concluye.