Universidad de Chile

Académicos del ICEI ante la crisis de la educación pública 

Los académicos del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI) abajo firmantes vemos necesario plantear algunos aspectos que nos preocupan en torno a la situación que viven las universidades públicas y que se han expresado en distintas formas durante las últimas semanas.

Consideramos que el diálogo y el debate de ideas son esenciales en una sociedad democrática y, en forma muy especial, dentro de la vida universitaria. Por eso, lamentamos profundamente la ocupación de la Casa Central de la Universidad de Chile y la “toma” por parte de estudiantes de algunas unidades académicas, entre las que están los edificios del ICEI y otras escuelas ubicadas en el campus Juan Gómez Millas.

     Nos parece desafortunada la decisión de los estudiantes de recurrir a esas medidas extremas que impiden desarrollar la actividad académica, resienten la convivencia en la comunidad universitaria y contribuyen a sumar argumentos a quienes buscan opacar el rol y la misión que cabe a la Universidad de Chile. En esta casa de estudios existen instancias de participación establecidas en su Estatuto –aprobado el año 2006 tras un largo proceso deliberativo triestamental y legitimado tras dos referendums-, donde se consideran las opiniones de académicos, estudiantes y funcionarios, quienes se expresan a través de sus organizaciones y de los cuerpos colegiados, tanto en las Facultades como en el Consejo Superior y en el Senado Universitario.

     No obstante, observamos que detrás del malestar que se expresa en las diversas manifestaciones estudiantiles hay elementos que se vinculan con las características de la sociedad actual, con el deterioro de las formas de convivencia política y social, con la deplorable situación en que se desenvuelve la educación pública y con las incertidumbres sobre el futuro que inquietan a los jóvenes. En ese sentido, comprendemos muchas de sus demandas que coinciden con nuestras percepciones sobre la realidad del país y de las universidades.

     No podemos ni debemos olvidar, como punto de partida, que durante el régimen dictatorial se impuso un modelo de sociedad que se proyectó en los diferentes ámbitos de la vida de los chilenos, cuyas consecuencias estamos afrontando. En educación se despojó al Estado de sus funciones fundamentales y en los sucesivos gobiernos desde los ’90 hasta la fecha se ha acentuado un pretendido rol subsidiario del Estado.

     El afán de la dictadura por controlar las universidades y el pensamiento llevó a la implantación de un modelo que sus autores lograron proyectar en el tiempo y cuyos resultados se relacionan con el panorama actual. Debilitar a la Universidad de Chile fue un propósito buscado por los civiles que acompañaron a Augusto Pinochet en su gobierno. La eliminación y el abandono deliberado de las áreas vinculadas a las Ciencias Sociales, Humanidades, Comunicaciones, la Educación y las Artes fue una de las principales consecuencias de esa acción. Del mismo modo, el desafío de levantar y fortalecer estas áreas tampoco había sido una prioridad para la Universidad.

      En ese contexto, valoramos la “Iniciativa Bicentenario Campus Juan Gómez Millas”, orientada a revitalizar esas áreas, cuyo compromiso reiteró la Presidenta de la República Michelle Bachelet, en el Mensaje de mayo pasado. Esta acción implicará el aporte de 25 mil millones de pesos del Estado para levantar el nivel de esas disciplinas en la Universidad de Chile, y otra suma similar para las demás universidades públicas.

      En 35 años éste es el único paso dado por el Estado tendiente a reparar, en alguna medida, la desmedrada situación de esas disciplinas. Esperamos que con el trabajo conjunto y participativo de quienes integran la comunidad universitaria de nuestro campus Juan Gómez Millas, el proyecto ya aprobado por el Consejo del ICEI y los demás consejos de las facultades del Campus tome forma, se perfeccione en el debate que necesariamente debe darse al interior de cada uno de los estamentos, y contribuya no sólo a un desarrollo académico significativo, sino a hacer más fructífero el aporte de la Universidad a la sociedad en estas áreas que son claves para el crecimiento integral de las personas y para el alma del país.

      Sin embargo, esta iniciativa no debe entenderse como una nueva forma de trato del Estado con su principal universidad pública. Estamos convencidos, que los problemas de la Universidad de Chile y el deber del Estado con ella van mucho más allá del alcance monetario y temporal de este proyecto.  

Necesario aumento del Aporte Fiscal

     La Universidad de Chile debe retomar el papel que nunca debió perder en el desarrollo del país y la construcción de ciudadanía. Por eso, planteamos como imperativo que el Estado apoye en forma decidida y urgente a su universidad principal, para que pueda cumplir eficazmente con su misión de universidad nacional. Su tradición de 165 años, su calidad académica que ha logrado mantener con notables sacrificios personales de sus profesores y funcionarios, su liderazgo en la investigación científica en Chile, pese a las adversas condiciones que ha afrontado y el espacio de pluralidad, tolerancia y diversidad que representa, así lo requieren.

     Desde mediados de los años ‘70, los aportes del Estado al sistema universitario disminuyeron fuertemente. La reducción del aporte estatal a las universidades –de casi un 30 por ciento entre 1974 y 1980- se efectuó casi exclusivamente a expensas de la Universidad de Chile, que absorbió más del 98 por ciento de la reducción total del sistema entre esos años. Y al comenzar los años ‘80, mientras se abrían las puertas a la creación de universidades privadas, las únicas dos públicas, la Universidad de Chile y la Técnica del Estado –convertida en Universidad de Santiago (Usach)-, experimentaron nuevas y radicales reducciones presupuestarias y la separación de sus sedes con las que constituyeron las universidades públicas “derivadas”.

     Y aunque después de 1990 hubo un aumento del Aporte Fiscal Directo (AFD), como esa recuperación se dio sobre una base muy baja, el AFD a las universidades públicas ha disminuido considerablemente como parte de sus presupuestos. En el caso de la Universidad de Chile el año 2007 el Aporte Fiscal Directo constituyó sólo un 10,2 por ciento del presupuesto total. Y los aportes públicos –considerando los provenientes de fondos concursables- oscilan anualmente entre 20 y 25 por ciento del presupuesto de la Universidad.

     Esta situación explica que las universidades estatales hayan tenido que recurrir al autofinanciamiento para subsistir. Cada vez más han entrado a jugar modalidades de competencia y negocios para captar los recursos que el Estado debiera asegurarles para cumplir con su misión. Los denominados “ingresos propios de las instituciones”, en aumento sostenido a partir de 1990, han llegado a ser del orden del 50 por ciento de sus ingresos totales para el promedio del sistema. Y en algunas como la Universidad de Chile superan el 75 por ciento.

     Actualmente, la principal fuente de ingresos propios de todas las universidades es la docencia de pregrado. Los postítulos, postgrado y educación continua hasta ahora implican porcentajes menores.

     En contrapunto, Chile es uno de los países del mundo con más bajo gasto público en educación superior en proporción a su producto nacional. El país destina un 2,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a educación superior. Pero en esa cifra prima absolutamente el gasto privado –es decir el que hacen los estudiantes y sus familias- que representa el 1,8 por ciento del PIB, mientras que el esfuerzo fiscal es apenas de 0,3 por ciento. En los países de la OCDE (Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico), el promedio es de 1,1 por ciento.

Para una educación pública de calidad y equidad

     Ante la elocuencia de las cifras y de la realidad que vivimos en forma cotidiana, los académicos del ICEI llamamos a:

     1.- Que el Estado responda con políticas públicas que estén a la altura de la gravedad de la situación y aumente considerablemente su presupuesto en educación superior, orientado al servicio de la gran mayoría de la población y no de los pocos que detentan la propiedad y el control de algunas emergentes universidades privadas.

     2.- En esa línea, consideramos necesario que el gobierno, el Parlamento y la sociedad en su conjunto aprecien la importancia y la urgencia de incrementar el Aporte Fiscal Directo a la Universidad de Chile y a las demás universidades públicas que a, través de las diferentes regiones, se esfuerzan por cumplir con la gran tarea de educar y construir un país más justo y democrático, con limitados recursos.

     3.- Es indispensable que dentro de la Universidad de Chile se revisen y redistribuyan los aportes presupuestarios para que las grandes facultades contribuyan al desarrollo de las áreas que no son “rentables” en términos de mercado. Se requiere sustituir la lógica meramente economicista por una mirada amplia que apunte a la creación de “bienes públicos”, que pueden no ser rentables desde una perspectiva mercantil de corto plazo, pero que son fundamentales para la calidad de vida de la sociedad. Así lo requiere una Universidad que sea realmente tal, con un desarrollo equilibrado de sus distintas áreas, sin las notables desigualdades que hoy se experimentan dentro de nuestra propia casa de estudios.

     4.- Defender la educación pública aparece hoy como una tarea necesaria cuando se advierte que quienes plantean posiciones privatistas y defensoras del lucro en torno a la Ley General de Educación, LGE, tienen también estrategias diseñadas para seguir avanzando en la privatización del sistema universitario. Los razonamientos que apuntan a ignorar la tradición y la misión de la Universidad de Chile para considerarla una más en el heterogéneo conjunto de 60 entidades que llevan el nombre de universidades se han visto reflejados en opiniones en el Comité Asesor Presidencial y en editoriales en la prensa. Asimismo, se ha llegado a argumentar incluso que debiera modificarse el Aporte Fiscal Directo para reemplazarlo por fórmulas concursables a la que podrían acceder universidades privadas no tradicionales.

     Desde ya rechazamos esos argumentos y demandamos del Senado y la Cámara de Diputados extrema atención a la hora de legislar en el futuro próximo sobre una nueva Ley de Universidades, de modo de garantizar realmente los propósitos de una educación pública de alta calidad y equidad. 

5- Invitamos a los académicos de las distintas facultades e institutos de la Universidad de Chile a liderar un proceso de revitalización de la educación pública en nuestro país y aportar desde las diferentes disciplinas y áreas en esa tarea. Queremos así contribuir a la construcción de un país inclusivo e integrado, que alcance un desarrollo sustentable no sólo en los aspectos económicos, sino en el desarrollo cultural y social de las personas y en el afianzamiento de sus instituciones, para lograr una democracia estable y participativa, una sociedad plural, diversa, tolerante, equitativa y solidaria.    

Adhieren a la presente declaración los siguientes académicos  y académicas del Instituto de la Comunicación e Imagen:  

Jorge Aceituno
María Elena Acuña
Bernardo Amigo
Lorena Antezana
Cristián Cabalin
Sergio Campos
Pamela V. Cantuarias
Juan Pablo Cárdenas
Paola Castillo
Julio Cattani
Pilar Clemente
Luis Cruz pino
Peter Chaskel
Rafael del Villar
Coti Donoso
Viviana Erpel
Antonella Estévez
Oscar  Garaycochea
Gustavo González
Claudia Lagos
Miguel Ángel Larrea
Orlando Lübbert
Álvaro Medina
María Olivia Mönckeberg
Alejandro Morales
Marcela Morales
Raúl Muñoz
Carlos Ossandón
Ximena  Poó
Felipe Portales
Sergio Prenafeta
Demetrio Psijas
Gianco Raglianti
Loreto Rebolledo
Raúl Rodríguez
Carlos Saavedra
Claudio Salinas
Eduardo Santa  Cruz
Alicia Scherson
Hans Stange
Daniel O. Vega
David Vera Meiggs
Faride  Zerán

 

ICEI	Fecha de publicación: Lunes 2 de junio, 2008