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Las y los académicos de la Escuela de Periodismo y de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile abajo firmantes, manifestamos nuestra más profunda alarma y rechazo ante las acciones de la Fiscalía Occidente, que atentan gravemente contra los principios fundamentales del periodismo y el Estado de Derecho en Chile.
El intento reiterado de la fiscal jefa de Alta Complejidad, Paulina Díaz Obilinovic de obtener datos confidenciales y altamente intrusivos de las comunicaciones de once periodistas de cinco medios de comunicación que cubren el "caso Hermosilla" es inaceptable y constituye una vulneración directa y flagrante de la legislación vigente y de las garantías democráticas.
El intento de requerir registros de llamadas, tráfico de datos móviles y de georreferencia de los equipos de los profesionales de la prensa no solo contraviene, sino que desprecia lo establecido en la Ley de Prensa chilena, promulgada en el año 2001, que en su artículo N°7 es categórica: los periodistas, directores, editores y corresponsales extranjeros acreditados "tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa la que se extenderá a los medios que obren en su poder y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente”.
Este principio es un pilar esencial para el ejercicio del periodismo y en particular del periodismo de investigación, que solo puede desarrollarse cuando las fuentes se sienten seguras para exponer la verdad sin temor a represalias. El intento de la Fiscalía de acceder a esta información, abarcando un período de casi dos años -noviembre de 2023 a septiembre de 2025-, representa una amenaza directa a los periodistas aludidos y a todos quienes ejercemos esta profesión, así como a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a ser informada.
Las diligencias solicitadas, que incluían medidas intrusivas respecto de profesionales de La Bot, La Tercera, The Clinic, Reportea y Ciper demuestran un peligroso giro hacia la criminalización de la labor periodística. Ante todo, solidarizamos con ellos y con los medios en que trabajan y creemos esencial que la ciudadanía conozca los riesgos que implican acciones como la que buscaba efectuar la fiscal Díaz Obilinovic.
Es incomprensible que la Fiscalía Occidente persistiera en estas acciones, incluso después de que el 4° Juzgado de Garantía y que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazaran la solicitud inicial y los recursos interpuestos, argumentando que no es plausible dictar medidas intrusivas contra periodistas que solo revisten calidad de terceros o testigos.
Exigimos a las entidades correspondientes impedir cualquier intento de hostigamiento o intromisión judicial en el trabajo de los periodistas. La independencia de la prensa es un requisito fundamental de la democracia que debe ser protegida en toda circunstancia. Las acciones de la fiscal Paulina Díaz Obilinovic, además de reflejar un desconocimiento de la Ley, sientan precedentes funestos que pueden debilitar el rol fiscalizador de la prensa ante el poder, que es un principio rector del derecho a la información consagrado en Chile y en los tratados internacionales.
Firmantes: