Columna de opinión

El vaso medio lleno de la Libertad de Expresión en Chile

Raúl Rodríguez, Jefe de la Carrera de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Juan Ortega, académico y Coordinador de la radio comunitaria del mismo Instituto, Radio Juan Gómez Millas, analizan la actual situación de la libertad de expresión en Chile y de las responsabilidades del Estado en la materia.

Desde 2011, diversas movilizaciones sociales y demandas ciudadanas han dado cuenta de de la relación compleja entre Estado, medios de comunicación y sociedad civil, ya sea por la desigual cobertura de la agenda social o por la crítica al rol de los medios de comunicación masivos en situación de alta conflictividad.

En este escenario se abre el debate acerca del avance en materias de libertad de expresión en Chile, como también cuál es la apropiación real de la noción de derecho a la comunicación que manejamos como ciudadanos organizados, conscientes en algunas ocasiones de ciertos derechos que debemos ejercer para mejorar la convivencia democrática.

Cualquier Estado moderno, que se jacte de avanzar hacia el desarrollo integral de una nación, debe demostrar que sabe respetar y promocionar el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, sin embargo, en Chile el panorama no es alentador con marcos legales deficientes, alta concentración de la propiedad de los medios y con la connivencia y complicidad entre el poder político y económico, entre otros factores.

Chile, en un marco latinoamericano con distintas restricciones directas e indirectas a la libertad de expresión, enfrentó este lunes un nuevo examen en la materia, cuando el Colegio de Periodistas en conjunto con otras organizaciones de la región dieron cuenta del estado del sistema de medios y la presencia de monopolios a nivel comunicacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Pese a que el estado de salud no es el mejor, menos aún cuando tres radios comunitarias han sido allanadas en lo que va de 2015, existen elementos para plantear un viraje respecto a políticas públicas de comunicación y de medios: mayor organización social -superando con ello la fragmentación y anomia de dos décadas-, nuevos medios o micromedios, proliferación de debates cívicos y más conversaciones ciudadanas abiertas, los que son logros democráticos a exhibir como credenciales de un nuevo proceso social de transformaciones. Así también, la comunicación y la producción informativa se han democratizado dejando de ser sólo patrimonio de periodistas y figuras mediáticas. La disputa masiva por la palabra llegó para quedarse. De ahí la importancia de que el Estado otorgue una alta valoración a las actorías y organizaciones sociales que surgen para defender su papel dentro de la sociedad chilena.

Por ello, los allanamientos de las radios comunitarias La Victoria en Santiago, La Voz de Carahue y Nueva Braunau de Puerto Varas, con las consiguientes detenciones de sus operadores y decomiso de equipos, reflejan no solo la inequidad en el acceso y uso de bienes públicos, como lo es el espectro radioeléctrico, sino que, en el fondo, el estado chileno está lejos de cumplir los estándares internacionales de libertad de expresión, más aún, en este caso, cuando grupos vulnerables y pueblos indígenas son lo que lideran estas experiencias de comunicación.

Una sociedad que no promueve ni protege a la comunicación como un espacio de derecho humano, accesible a cualquier habitante del territorio, que no cuida ni respeta los espacios de libertad de expresión por más mínimos que estos sean, siembra un futuro de silencio.

Y ya sabemos lo que ha pasado en Chile cuando nos acostumbramos al silencio de las voces de la ciudadanía...