De los académicos Laureano Checa, Cristian Cabalin y Claudia Lagos

Estudio del ICEI muestra preocupantes cifras sobre transparencia

Los resultados obtenidos por esta investigación forman parte del proyecto ¿Es tiempo de acción¿, del ICEI, Acción A.G. y La Morada, financiado por la Unión Europea y constituyen un importante catastro para determinar el estado del acceso a la información pública antes de que comenzara a regir la nueva Ley de Transparencia. El estudio ha tenido gran repercusión en la prensa, siendo difundido inicialmente por El Mostrador.

Tres de cada cuatro ministerios y cuatro de cada cinco subsecretarías no respondieron solicitudes de información presentadas en el primer cuatrimestre de 2009, previo a la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia.

Así lo constató un estudio realizado por los académicos del ICEI, Laureano Checa, Claudia Lagos y Cristian Cabalin, entre febrero y abril de 2009, en el marco del cual se requirió a los 22 ministerios y 31 subsecretarías que informaran respecto a cuáles son las normativas que los regulan en materia de participación ciudadana y qué mecanismos de participación ciudadana se están implementando.

Según la ley que comenzó a regir el 20 de abril, los servicios consultados deben responder las consultas en un máximo de 20 días hábiles. Al término de dicho plazo, sólo seis ministerios y siete subsecretarías habían cumplido. Otros siete ministerios y siete subsecretarías respondieron fuera de plazo. Dos de cada cinco ministerios (41%) y una de cada dos subsecretarías (55%) nunca respondieron.

El estudio constató que en algunos casos las demoras no se producen en la emisión de las respuestas por parte de los servicios, sino en el envío de la información. Así, las carteras de Justicia (el sello de Correos de Chile informa que el sobre se mandó 19 días hábiles después de fechada la carta de respuesta), Secretaría General de Gobierno (18 días hábiles), Educación (25 días hábiles) y Relaciones Exteriores (27 días hábiles) incumplen con el Principio de la oportunidad, “conforme al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios” (Artículo 11, letra h) de la Ley 20.285).

En otras palabras, si las solicitudes ya habían sido resueltas, no existe ninguna justificación para que éstas hayan tardado más de una semana en trasladarse desde el escritorio del jefe de servicio hasta la oficina de correos.

El estudio, cuyos primeros resultados se presentan aquí, forma parte del proyecto “Es tiempo de acción”, del ICEI, Acción A.G. y La Morada, financiado por la Unión Europea. Esta iniciativa apunta a fortalecer la capacidad de la sociedad civil para incidir en el debate público. En este contexto, la primera etapa de la investigación fue evaluar la capacidad de respuesta de los ministerios y subsecretarías, entendiendo que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental y el primer escalón para la participación de la ciudadanía.

Los resultados obtenidos por esta investigación son un importante catastro para determinar el estado del acceso a la información pública antes de que comenzara a regir la nueva Ley de Transparencia.

Ficha Técnica
Número de solicitudes de información:	53.
Organismos públicos:	Los 22 ministerios y las 31 subsecretarías, considerando dentro de los primeros a todos aquellos cuyos titulares tienen condición de ministros (Sernam, por ejemplo).
Fechas de envío:	Las solicitudes se entregaron el 2 y el 3 de febrero del 2009 en las oficinas de partes de cada servicio público, a excepción de aquella dirigida al Consejo Nacional de la Cultura, con sede en Valparaíso, que se envió por correo el mismo 2 de febrero. La Subsecretaria de Pesca, con sede en la Quinta Región, la envió internamente desde sus oficinas en Santiago.
Se solicitó la siguiente información:	- Normativa actualmente vigente para el Ministerio/la Subsecretaría referida a sus obligaciones de considerar la participación ciudadana dentro de su funcionamiento. Ello incluye leyes orgánicas, leyes y reglamentos, decretos y todos los documentos donde consten las obligaciones legales, reglamentarias y administrativas del servicio en cuestiones referidas a participación ciudadana. - Políticas impulsadas por el servicio referidas a participación ciudadana. Ello incluye documentos que incluyan agendas, programas, planes, y otras iniciativas tendientes a materializar las obligaciones legales, reglamentarias y administrativas de participación ciudadana.