En la Facultad de Comunicaciones de la UC

María Olivia Mönckeberg revela los peligros de la nueva "Ley Mordaza"

La Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, invitada por el Centro de Estudiantes de Comunicaciones de la Universidad Católica, se refirió a las consecuencias que acarrearían al ejercicio del periodismo las medidas propuestas por el Senado para evitar que se filtren las investigaciones de la Fiscalía. Puntualizó que lo que se busca es proteger a los "delincuentes de cuello y corbata".

"Sin libertad de expresión no hay democracia. Así salíamos a las calles los periodistas a marchar en dictadura para construir una sociedad más justa", partió señalando la Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2009, María Olivia Mönckeberg, en el panel organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Encuentro que se realizó el pasado 14 de abril y que tuvo como objetivo analizar la llamada "Ley Mordaza" y el ejercicio del periodismo.

Participaron también la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, y el profesor de Derecho a la Comunicación de la Escuela de Periodismo de la UC, Francisco Leturia. María Olivia Mönckeberg destacó la película “Spotlight” y el rol del periodismo de investigación al revelar los casos de abusos sexuales en la Iglesia de Boston. Recordó, asimismo, el episodio “Los papeles del Pentágono” de 1972, documento secreto que dio a conocer la participación militar de Estados Unidos en Vietnam entre 1945 y 1967 y que fueron publicados por The New York Times y The Washington Post.

Recordó las palabras pronunciadas por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1971, cuando en un fallo histórico desestimó la demanda del gobierno para favorecer a la prensa. “Una prensa fastidiosa, una prensa obstinada, una prensa agresiva es algo que debe ser soportado por aquéllos que ejercen la autoridad, precisamente con el fin de preservar nuestros mayores valores: la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informada”.

En esa línea, enfatizó, en el contexto de los recientes casos de corrupción entre dinero y política, que la modificaciones propuestas por la Cámara Alta al código penal y a la ley orgánica del Ministerio Público con el fin de instaurar sanciones más fuertes contra fiscales a cargo de las investigaciones en curso, a los abogados y a los medios que los hagan público, es una verdadera mordaza sobre la prensa en una sociedad democrática y que lo que realmente busca es “proteger a los delincuentes de cuello y corbata”.

En ese sentido, criticó la falta de sintonía entre los parlamentarios y la opinión pública ante estos hechos y valoró las palabras del Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien señaló que medidas como la “ley mordaza” constituyen un retroceso en la transparencia de los procesos judiciales y representan casi una vuelta al “secreto de sumario” que rigió hasta fines de los años 90.

La profesora titular de la Universidad de Chile también advirtió sobre la “segunda mordaza” pendiente, contenida en la modificación a la Ley Antiterrorista y que establece penas de hasta cinco años de cárcel para quienes informen de diligencias de carácter reservado y multas a los directores de medios de comunicación que las reproduzcan.

“Si van a perseguir al director de un medio, este después va a estar temeroso, se va a autocensurar y después eso va a caer sobre el editor; y a su vez el editor lo va a traspasar al periodista”, planteó frente a los estudiantes de Periodismo de la UC.

“Se vulnera un derecho humano básico”

La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, apuntó que esta “ley mordaza” abre la puerta para que se agreda el derecho básico de una sociedad democrática, que es el estar informados y que en realidad, el foco de la medida nunca estuvo puesto en defender la presunción de inocencia de quienes sean investigados, sino en fortalecer una protección a los poderosos.

“Lo que nunca entendieron los parlamentarios es que esto no es una defensa corporativa. Aquí lo que defendemos es un derecho humano, un derecho del pueblo de Chile a estar informados, y ahora más que nunca, cuando estas informaciones han versado fundamentalmente en materia de ilícitos, tráfico de influencias y corrupción de poderosos vinculados al poder económico y a una parte del poder político”, señaló.

Añadió, asimismo, que “con esta medida se contempla un recrudecimiento de penas que nuestro ordenamiento jurídico ya tenía. Aquí no es que se esté creando una nueva normativa, sino que ya existían sanciones administrativas para los funcionarios públicos que filtraran información. Lo que aquí se plantea es recrudecer las sanciones e incorporar a nuevos actores, no son solo los funcionarios públicos y los fiscales, sino que además a testigos o periodistas”.

El académico de la UC, Francisco Leturia, sostuvo que la medida es un intento desesperado y un “papelón” para defenderse de la labor propia del ejercicio de un periodismo responsable. Según él, la manera en que se filtra la información debiera regularse, con el fin de permitir un traspaso de información veraz y que tampoco se favorezca a uno u otro medio de comunicación.