Universidad de Chile responde a requerimiento sobre transparencia pasiva

Conforme a lo establecido por los Tribunales de Justicia y dentro de los plazos estipulados, la Universidad de Chile entregó hoy al requirente la solicitud de los antecedentes requeridos en virtud de las normas sobre transparencia pasiva, esto es, copia íntegra y fiel de las Actas de la Comisión Ad-Hoc de Claustro de la Facultad de Derecho de 2009, y de la nómina del personal que desempeña funciones en la referida Facultad, con sus respectivas remuneraciones, funciones, cargos, grados e inicio de funciones. La información sobre remuneraciones se entrega a noviembre 2009 y a noviembre 2011.

Cabe recordar que la Universidad de Chile hizo uso de su legítimo derecho al recurrir a los Tribunales de Justicia, en virtud de la posición institucional adoptada por la Universidad, a través de su Consejo Universitario en abril de 2009 y ratificada en mayo de 2010, sustentada en la autonomía que le ha conferido el Estado de Chile a su Universidad, para el cumplimiento de su función y misión, a saber "la generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura".

Como es de público conocimiento, ya se impartieron las instrucciones pertinentes para que, dentro de los plazos establecidos y a la brevedad posible, la Universidad de Chile complemente la información publicada en el sitio web institucional relativa a transparencia activa, en los términos señalados en el artículo 7° de la Ley N° 20.285, especialmente los antecedentes relativos a la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones.

La Universidad de Chile reitera su llamado público a los órganos del Estado  para que los requerimientos de transparencia activa y pasiva que ahora son exigibles a las universidades estatales, también lo sean para todas las universidades privadas que reciben fondos estatales, en muchos casos superiores incluso que los que reciben las universidades estatales. Cabe recordar que las universidades estatales somos revisadas y auditadas por la Contraloría General de la República, que nuestros estados financieros y contables son auditados por empresas auditoras externas y publicados en medios de comunicación de circulación nacional, y que todos nuestros procesos de adquisición de bienes y provisión de servicios se someten a la ley sobre compras públicas; estas obligaciones y controles no se aplican a las universidades privadas. En virtud de lo anterior, la actual situación es una discriminación en contra del personal de la Universidad de Chile y de las universidades estatales, y no cautela el buen uso de los recursos públicos de todos los chilenos y chilenas.