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Columna de opinión del Prof. Marco Schwartz, Vicedecano de la Fac. de Ciencias Agronómicas.
La mayoría de los bancos comerciales recurre al expediente de aumentar el cupo de la línea de crédito en forma unilateral e inconsulta, generando dos efectos simultáneos: a) incremento de las acreencias con los tenedores de cuentas corrientes, lo que le permite al banco y sus acciones sobrevalorarse, b) disminución de la capacidad de endeudamiento de los clientes con otros agentes financieros; es decir, la posibilidad de ser sujeto de crédito es menor. De hecho, basta recurrir a las oficinas de la superintendencia de bancos y solicitar un certificado de deuda, para percatarse que el nivel de ésta puede ser considerable; esto también puede hacerse con Dicom y se observará que la capacidad crediticia es menor.
Así por ejemplo, el arrendador de un inmueble mediante consulta telefónica a Dicom, podría determinar si un potencial arrendatario no pagaría el canon, no obstante la renta que tiene lo recomendaría. Así, el arrendatario se sorprendería que tiene comprometido una parte de su patrimonio, sin saberlo ni desearlo.
Es evidente que este comportamiento de algunos bancos, potencialmente puede afectar a sus accionistas - y los ahorrantes en las AFP - que pueden sufrir una merma en su patrimonio, si los clientes exigen que se les consulte para aprobar un aumento unilateral de sus líneas de crédito y cupos en sus tarjetas de crédito y que por esta situación, se termine con esta sobrevaloración. En consecuencia un efecto colateral, no menos importante, es el que se puede producir si hay incertidumbre sobre el valor de los activos de los trabajadores y empresarios, como ha sucedido con el retroceso de los índices accionarios, en el caso de La Polar.
Si se hace un ejercicio virtual en el que todos los clientes de un banco rechazaran aumentos de la línea de crédito y del cupo de las tarjetas de crédito, que no han sido solicitados, la valoración de las acciones de los bancos caerían y con ella el patrimonio de las AFP, si tuvieran una participación accionaria importante. Así, indirectamente los cotizantes o ahorrantes de estas AFP, también experimentarían una merma en sus ahorros previsionales, como fue el caso de La Polar.
Estos actos, que afectan la fe pública - como es el caso de La Polar - en términos de los mercados financieros y de valores en general, que permiten el ahorro, inversión y la gestión de la economía, se evitan en la medida que exista transparencia y no se erosione con el hábito descrito. Por ello, produce satisfacción al observar que el gobierno, a través del Ministerio de Economía, decidió dar suma urgencia, al proyecto que envió en junio de 2010, en orden a crear una nueva institucionalidad el "llamado Sernac financiero", para proteger a los clientes de servicios financieros.
En estas consideraciones no se escapa ningún sector de la economía, entre ellas por cierto la industria de alimentos primarios y procesados, que caracterizada por ser demandante en recursos humanos, es seguro que siendo estos cotizantes de AFPs, sufrirán perjuicios, en caso de una pérdida de valor de su patrimonio, que forma parte de las cartera accionaria de los bancos cuestionados. Si como consecuencia de esto la liquidez de la banca se reduce, así como la capacidad para otorgar créditos, afectando nuevamente a las pymes, cuyas opciones de financiamiento son restringidas.
No hay duda que la modificación de la Ley de Derechos del Consumidor, es una tarea que tienen los parlamentarios, que se espera sea convertida en ley, en las próximas semanas.
Dr. Marco Schwartz M.
Vicedecano
Facultad de Ciencias Agronómicas
Universidad de Chile