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Patricia Peña, académica del ICEI y presidenta de Fundación Datos Protegidos
En conversación con Futuro 360, la académica de la Universidad de Chile abordó la violencia digital de género y el proyecto de ley que busca combatir este tipo de situaciones. "No tenemos institucionalidad que se haga cargo de la violencia digital", aseguró.
Erradicar la violencia es una de las grandes metas como sociedad, pero ¿qué pasa cuando llega al mundo digital? Un proyecto de ley en nuestro país busca combatir este tipo de situaciones, pero la solución abarca mucho más.
Para profundizar más sobre este tema, en Futuro 360 conversamos con Patricia Peña, periodista y directora de la Fundación Datos Protegidos sobre la violencia digital de género y el ciberacoso.
“La violencia digital es cualquier acción coercitiva, de acoso u hostigamiento que ocurre a una persona a través de cualquier dispositivo, medio de comunicación o tecnología digital”, explicó la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.
Sobre esto, uno de los primeros problemas que identificó la experta es la falta de datos y estadísticas oficiales acerca de este problema porque “no tenemos institucionalidad que se haga cargo de la violencia digital”, aseguró.
Por ejemplo, en Gran Bretaña se está discutiendo la Safety Bill, que establece una serie de regulaciones que pone un mayor marco de exigencia a las empresas en relación a la extracción de datos. En el caso de Chile, existe un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso Nacional, el que plantea la idea de “no más violencia digital en general”.
“Lo que hoy hacen muchos tribunales es exigir que se remueva contenido donde está expuesta la persona. Hay una discusión que no está resuelta, porque las plataformas no tienen un mecanismo de trabajo con los gobiernos”, dijo.
“Los datos y las estadísticas nos están mostrando que aproximadamente el 80% de mujeres y disidencias sexuales, son las que más reportan situaciones de violencia digital en los últimos tres años en Chile”, advirtió la periodista.
Es por ello que no de los principales trabajos de las ONGs a nivel latinoamericano en violencia digital es dilucidar el cómo se va a sancionar, ya que en nuestro país las denuncias recaen en la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).
“Estamos enfrentando una generación que ha estado dos años en pandemia, dependiendo de una vida conectada a estas plataformas (…). Las políticas públicas no acompañaron en esto”.
Entre las recomendaciones que sugirió, están: